Una de las preocupaciones prioritarias desde los albores de la Independencia ha sido el poblamiento del territorio, en especial en términos de establecer asentamientos humanos en áreas aisladas. Cuando en las últimas décadas del siglo XX quedó al descubierto el fenómeno de transición demográfica que estamos estudiando, caracterizado por la tendencia al predominio de habitantes mayores, tuvieron lugar acalorados debates entre defensores y detractores de la planificación familiar, considerada como ya señalamos, la intervención responsable de la baja de la tasa de fecundidad en Chile. Durante los años del Gobierno Militar, la baja del crecimiento generó inquietudes geopolíticas surgidas de la arraigada percepción que los países con mayor población tendrían más poder político y económico, relación que no es automática, sino depende más bien, de la capacidad de cada país para organizarse como estado y definir un proyecto-país para generar crecimiento económico sostenido. Asimismo, se debe propender a la buena distribución del producto per cápita y a la adopción oportuna de capacidades tecnológicas para incorporarlas al proceso productivo. Se dictó entonces una política de población orientada a producir el efecto contrario, pero la verdad es que no tuvo resultados prácticos, porque el manejo anterior dirigido a la disminución de los embarazos no deseados no fue solamente una intervención médica, sino una profunda acción educativa de toma de conciencia acerca de la Paternidad Responsable por una parte, y por la otra, un reconocimiento hacia el rol de la mujer en la vida activa, lo que tuvo como consecuencia el cambio cultural ya descrito.

Durante el Gobierno Militar no hubo intervenciones en la forma de política de Estado en el campo del envejecimiento, sino más bien efectos de acciones generales derivadas del gran objetivo de modernización hacia un modelo económico neo-liberal, siendo para nuestro estudio la de mayor relevancia la relativa a la Seguridad Social. Entre los años 1980 y 1981, el Estado traspasó responsabilidades a los privados constituidos como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), destinadas a tutelar el ahorro de los trabajadores para el momento del retiro, pero siguió manteniendo los de menores recursos en el Instituto de Normalización Previsional, INP. Al mismo tiempo se implementó un sistema paralelo de salud privado, ISAPRES, también para los de mayores medios. La Seguridad Social de los chilenos es desde entonces un sistema mixto, que descansa en un pilar público y en otro privado. En el mismo período se registra una medida política de injerencia negativa, cuando producto de la recesión económica de los años 1982-1983, el reajuste del 10.6% que correspondía aplicar a los jubilados no fue cancelado, en virtud de otras prioridades. Esta deuda fue saldada sólo parcialmente en 1995, porque los montos pagados no correspondían exactamente a los adeudados. Otras intervenciones tuvieron carácter asistencial, tales como la creación de la Pensión Asistencial, PASIS, exclusiva para ancianos calificados en tramos de pobreza de acuerdo al instrumento de medición de la época. CONAPRAN, la organización de voluntariado femenino que agrupó ancianos en clubes con fines recreativos y asistenciales, y una política de reajuste de pensiones automática cuando el IPC llegaba a acumular 15%.

En los primeros años del retorno democrático el Gobierno se abocó a la elaboración de una política específica para el adulto mayor a través de MIDEPLAN , a partir de un razonamiento metodológico de "inversión en capital humano" como alternativa integral para superar la pobreza, a través de un proceso de "identificación de colectivos", estrategia que buscaba reconocer ciertos grupos sociales como sujetos preferentes de atención, dentro de los cuales considera a niños, jóvenes, discapacitados, pueblos nativos, mujeres jefes de hogar y tercera edad, lo que condujo a la elaboración de la Política Nacional sobre Envejecimiento y Vejez: Lineamientos Básicos. A continuación, revisaremos sus contenidos básicos:

· Es el primer documento oficial que reconoce explícitamente el cambio demográfico que ha experimentado Chile hacia el envejecimiento de su población. Para abordar la generación de esta Política, se reconocen tanto la dimensión individual como la social involucradas en el tratamiento del adulto mayor, como uno de los sujetos prioritarios de cobertura de la política social integral del Gobierno.
· Los adultos mayores se definen como actores de su propio proceso de envejecimiento individual y también social. De esta forma se buscan desplazar por una parte, los antiguos enfoques caritativos donde el sujeto era más bien una víctima que un objeto de atención; y por la otra, la orientación preponderante hacia los aspectos médicos curativos. Este carácter es lo que le da la dimensión de "envejecimiento activo", según el cual las personas mayores son miembros tan útiles a la sociedad como los otros, por tanto interesa facilitarles interactuar en el máximo de los niveles, para poder recoger su aporte en los niveles familiar, comunitario y político. En este contexto la intervención estatal frente al envejecimiento es entendida como una acción multi-sectorial, que genera acciones a partir de precisiones sobre coberturas esperadas frente a necesidades físicas, materiales, de integración social y política y recreativas.
En Enero de 1995, el Presidente Frei Ruiz Tagle designó como su organismo asesor en la materia a la Comisión del Adulto Mayor, la que tuvo por encargo confeccionar una Política Nacional, promulgada en 1996. Este discurso oficial apunta a que el Estado debe cumplir los siguientes roles:

· Actúa en cumplimiento de su rol subsidiario en favor de esta población, produciendo los recursos que permitan realizar las acciones planificadas en la Política Nacional, lo que hará posible que se les otorguen subsidios directos e implementar los planes y programas específicos.
· Se declara a sí mismo actor principal y promotor del cambio en cuanto a superar el enfoque predominantemente asistencial que se había llevado hasta entonces, y como el ente coordinador de las acciones de distintos sectores de su dependencia involucrados en la atención del senescente, rol este último al que se le atribuye gran importancia, dado que hay un reconocimiento explícito de frustración de acciones anteriores dirigidas a esta población objetivo, por la falta de sistemas de enlace que permitieran tener una visión general de las prestaciones que se estaban entregando. Por estas razones por ejemplo, se dejaron de hacer algunas actividades y se emprendieron otras, que por no haber sido convenientemente evaluadas, no tuvieron buenos resultados frente a los propósitos esperados, registrándose incluso algunas duplicidades.
· Regulación de servicios. Se determinan los tipos de servicios a entregar a partir de diagnósticos multi-sectoriales. Al respecto se da cuenta de investigaciones que hizo la Comisión y que se traducen en aportes de distintas disciplinas, destinadas en primer lugar a desplazar la idea antigua del adulto mayor como un sujeto casi exclusivo de cuidados médicos.
· El Estado delimita responsabilidades frente al cuidado del adulto mayor, propendiendo a un papel activo por parte de la familia en primera instancia y también de la comunidad. Hay un gran énfasis discursivo en cuanto a que la responsabilidad de atención del adulto mayor debiera ser asumida sin que el senescente sea apartado de su entorno habitual, y se expresan repetidas alusiones a su integración activa al medio social.