En consonancia con las tendencias del mundo occidental de las dos últimas décadas del siglo pasado, Chile optó por el paradigma económico de libre mercado durante los primeros años del Gobierno Militar, modelo que se ha mantenido en lo sustancial, con ajustes destinados a corregir desequilibrios sociales. El contexto en que situamos el momento de este análisis y sus proyecciones es el Chile democrático del 2000, inserto en el mundo global, que enfrenta el bicentenario de la Independencia Nacional con el desafío de consolidar su democracia y propender a hacer más equitativa la distribución de los recursos públicos.

Aunque en su sentido más general la democracia es un modelo político nacido de la Antigüedad clásica, la forma de democracia que estamos viviendo en el mundo global de hoy día, es una creación del siglo XX. La extensión de la democracia se obtuvo a merced de la ampliación del derecho a sufragio, hecho de la mayor relevancia desde nuestro prisma de evolución demográfica, porque permitió la incorporación de la mitad de la población chilena, antes excluida por su condición de sexo. La primera vez que las mujeres votaron en una elección presidencial en Chile fue en el año 1951.

Históricamente, el desarrollo de la cultura democrática y de sus respectivos valores han estado asociados con la economía libre, dice Robert Dahl , la que califica como "capitalista más que socialista o estatista", entendiendo por tal un sistema donde la mayoría de las empresas económicas están en manos de particulares y no del Estado. Las entidades económicas (empresas de cualquier tipo, origen y tamaño: industriales, agrarias, financieras, etc.) son propiedad de individuos y grupos, cuyo objetivo principal es obtener beneficios económicos, sea en la forma de salarios, intereses o rentas. Aquellos que gestionan las empresas no tienen necesidad de aspirar a objetivos más amplios y ambiguos, como el bien común general por ejemplo, sino se mueven por los propios. El mercado es el lugar donde se producen los intercambios, y dado que éstos les proporcionan las señales necesarias para adoptar sus decisiones, no requieren ser provistos de información central (como era el estilo de las planificaciones centrales estatales), siendo su límite de operación el marco legal vigente. Este sistema de decisiones múltiples, que supone la existencia de intereses diversos y en competencia, es el más eficiente para producir bienes y servicios.

¿Pero por qué el crecimiento económico tendría que ser favorable para la democracia? Dahl responde que éste permite disminuir situaciones de extrema pobreza y por tanto, ofrece un mejoramiento general de las condiciones de vida. De esta forma contribuye también a reducir la intensidad de los conflictos sociales y políticos, ya que proporciona más recursos disponibles para alcanzar un compromiso mutuamente satisfactorio, donde ambas partes tengan algo que ganar, disminuyendo al máximo la eventualidad de juegos de suma cero, en que la ganancia de uno significa la pérdida del otro. El crecimiento además, proporciona a los individuos, grupos y gobiernos recursos excedentes, que permiten financiar planes sociales para ir en ayuda de los más desvalidos.

El capitalismo de mercado crea un amplio estrato intermedio de propietarios que buscan fundamentalmente autonomía de las esferas del Gobierno, cuyos derechos civiles y políticos están resguardados por el Estado de Derecho, lo que no significa que deseen excluirse de la participación política, sino por el contrario, su mismo peso económico los convierte en actores políticos relevantes, que interactúan con el Gobierno en el proceso de toma de decisiones en lo que a ellos les afecta. Este sector no solamente agrupa a los de mayores recursos, sino también forman parte de él los grupos de ingresos medios, constituyendo un espacio fuerte en términos de independencia frente al gobierno de turno. Esta visión es similar a la definición de Tomassini sobre sociedad civil, quien señala: "la sociedad civil es el ámbito que no pertenece al gobierno, a las empresas o a las grandes organizaciones sindicales, sino a entidades como instituciones filantrópicas, organizaciones vecinales y locales, asociaciones de mujeres y de jóvenes y movimientos religiosos". Este es el espacio de la ciudadanía, y debe su existencia al desafío que plantearon aquellos grupos ajenos a los círculos de poder aristocráticos en tiempos del feudalismo, tales como comerciantes, banqueros, productores, y por cierto, las propias ciudades. Ambos autores coinciden en que fue el crecimiento económico que creó nuevos sectores adinerados, que presionaron al Estado por mayores niveles de autonomía y los obtuvieron.

Ahora bien, mientras en las sociedades del hemisferio Norte, dice Tomassini, hay una proporción equilibrada entre gobierno y sociedad civil, en Latinoamérica ésta es mucho menor por razones culturales. Las tradiciones libertarias, en el sentido de buscar resguardo de las libertades individuales frente a eventuales excesos por parte del Estado, son mucho más fuertes entre los anglosajones que en los latinos. El autor avala esta afirmación señalando que los aristócratas ingleses, quienes eran los que conformaban la sociedad civil de entonces, obtuvieron de la Corona la aprobación de la Carta Magna, que establecía los derechos de los barones y obligaba al Rey a obtener el consentimiento de ellos para varias acciones, entre ellas cobrar impuestos. Posteriormente, ante las persecuciones religiosas e intolerancia de la Inglaterra del siglo XVII los peregrinos que vinieron a América, herederos de estos patrones culturales, reafirmaron estas creencias. Si a lo anterior agregamos que esos países además han tenido períodos de crecimiento económico sostenido y gozado de prosperidad, podemos comprender las bases sobre las cuales se crearon las demandas por condiciones de independencia de más grupos respecto al gobierno. Diremos que por cierto las sociedades civiles del Norte son mucho más diversas y plurales que las nuestras. Sus corporaciones son fuertes, y además existe gran sentido comunitario. En Latinoamérica la contrapartida es mucho más débil, porque los gobiernos son más fuertes y los sectores privados son bastante menos poderosos, dependiendo por cierto de las características propias de los países. Hay grandes espacios ocupados por ONGs, municipios pobres, micro-empresas, actividades económicas informales, y escasa participación social y política. No obstante, Tomassini sostiene que esta sociedad civil débil debe evolucionar hacia su fortaleza, porque es el espacio de encuentro entre la autoridad y el ciudadano común. No basta solamente con obtener el voto en una elección, sino además, debe lograrse la contribución de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, sea a nivel local, regional o nacional.

Fortalecer este espacio es una idea compartida también por Dahl, cuando se refiere a la profusión de organizaciones intermedias que genera la vida democrática, y que cumplen el importante rol de mediadoras entre el ciudadano y el Estado. Alain Touraine por su parte, analizando el esquema de internacionalización y globalización en que estamos viviendo, señala que el carácter democrático de una sociedad depende de la capacidad de manejar las distintas demandas emanadas de la diversidad de intereses y situaciones de las personas, más que de la separación o superposición de las esferas institucionales. La democracia, continúa Touraine, se define en primer lugar por la preponderancia de las demandas privadas, individuales o colectivas, por sobre los principios y objetivos del poder político. Este movimiento de abajo hacia arriba, es el espíritu democrático mismo. Este autor postula la subordinación de los agentes políticos a los actores sociales, para cuya realización enfatiza la necesidad de una verdadera democracia representativa, de tal manera que se produzca la vinculación de las elites dirigentes con la base social, que él define como diverso y con pluralidad de intereses.

Nos estamos aproximando a la paradoja descrita por Dahl respecto a la vinculación entre democracia y mercado. El señala que si bien la economía libre es una condición para la vida democrática, ésta genera inevitablemente desigualdad en los recursos políticos de que pueden disponer los ciudadanos. Así, una economía capitalista de mercado daña seriamente a la igualdad política, por cuanto los ciudadanos que tienen disparidades en relación a la posesión de bienes económicos, difícilmente podrán igualarse políticamente. Debido a la desigualdad en recursos sociales, algunos ciudadanos obtienen una influencia significativamente mayor que otros sobre las decisiones políticas y las acciones del gobierno. Estas asimetrías no son de ningún modo triviales, porque cuestionan la base moral de la democracia, que es precisamente la igualdad política entre ciudadanos.

Siguiendo el razonamiento anterior, en Europa Occidental y en los países de habla inglesa, el "laisser-faire" del estado liberal no pudo soportar la presión de los movimientos de descontento popular, y la lección de estos episodios es que el capitalismo sin intervención y regulación estatal no puede subsistir en países democráticos al menos por dos razones:
a) Las instituciones básicas del mismo capitalismo de mercado exigen una extensa regulación e intervención estatal. Asuntos vitales como mercados competitivos, propiedad de las unidades económicas, ejecución y respeto a lo contratado, prevención de monopolios, etc., dependen de políticas, leyes y acciones por parte del gobierno. Una economía de mercado entonces no es completamente auto-regulada, ni tampoco puede llegar a serlo.
b) Si no hay intervención estatal, muchos individuos y grupos pueden resultar dañados en este juego de intercambio. Los actores económicos movidos por su interés personal no tienen incentivos para preocuparse por el de otros, ni menos por el del colectivo cuando se trata de buscar sus utilidades. Ejemplos al respecto hay muchos: si yo no vendo este producto, aunque tenga algún componente dañino para la salud, otro lo hará. Yo elimino desechos industriales en el río porque muchos otros lo hacen, etc.

Las respuestas entonces, el ciudadano las busca en el gobierno, en las instituciones políticas y en sus representantes, y el gobierno se ve obligado a intervenir para alterar un resultado que de no hacerlo dañaría a otros ciudadanos.
Alain Touraine reconoce la existencia de una "democracia cultural", que no recurre como las anteriores a una filosofía de la historia sino a una filosofía moral, tampoco apela a una visión del futuro o al fin de la prehistoria de la humanidad, sino a una concepción de los derechos del hombre que fundan a su vez, toda una serie de derechos, tan universales como los del ciudadano, pero que se diferencian de aquellos porque deben ser defendidos en situaciones concretas, vale decir, ante un sistema de dominación dado. Estas situaciones son de tres órdenes: La dominación del sistema económico y financiero global aumenta las desigualdades, la heterogeneidad de las sociedades, las exclusiones. Esta dominación impersonal, ocasiona en segundo lugar, el repliegue de los actores sociales hacia su identidad personal o comunitaria, y suscita en consecuencia el rechazo de las minorías. Por último, dice Touraine, en el corazón de la sociedad de la información, los consumidores dependen de la organización de la atención médica, la educación y la información, y están sometidos a la lógica instrumental de esos sistemas de producción y gestión.

Desde el punto de vista de Touraine, la democracia tiene tres objetivos principales:
a) Disminuir las distancias sociales, lo que supone fortalecer el control social y político de la economía.
b) Garantizar el respeto de la diversidad cultural y la igualdad de derechos cívicos para todos.
c) Tomar en cuenta las demandas de quienes son usuarios de las prestaciones sociales, los que no deben quedar reducidos a la simple calidad de consumidores pasivos.

Hoy corremos el riesgo, continúa Touraine, de que una parte de la población del mundo, y por cierto de cada país, sea excluida de la civilización globalizada. En los países occidentales, en particular, donde el nivel medio de los salarios y la protección social son elevados, existe una fuerte tendencia a sostener el sector competitivo que tiene mucho valor agregado, y como contrapartida, aceptar la marginación de los sectores de baja productividad y bajos salarios, quienes son los más expuestos a la competencia de los países más industrializados, antiguos y nuevos. El reflejo de esta situación en los países latinoamericanos es el vasto sector de economía informal y sub-empleados o desempleados. Estas personas, volviendo a la argumentación de Dahl, carecen de "recursos políticos", es decir, no tienen peso ni influencia en el proceso de toma de decisiones, por tanto están marginadas de los procesos democráticos más profundos, si bien acuden a expresar su preferencia electoral.